*Artículo escrito por Constanza Bustos Osorio y Raúl Bauzá Acuña*
En las publicaciones anteriores de esta serie de artículos hemos hablado de diversos delitos ocurridos en la Antártica, quizá uno de los casos más interesantes es el sucedido el 11 de mayo del año 2000 en la base estadounidense Amundsen-Scott, con el fallecimiento de un científico que se encontraba realizando labores de investigación en dicho lugar (Booker, 2006).
Rodney Marks era un astrofísico australiano de 32 años que trabajaba en el Antarctic Submillimetre Telescope and Remote Observatory a cargo del Observatorio Astrofísico Smithsoniano para un proyecto de investigación a cargo de la Universidad de Chicago. Allí se desempeñaba, teniendo presupuestado cumplir labores durante todo el período del invierno austral. Sin embargo, el día 11 de mayo despertó debido a un malestar general y vomitando sangre, que lo llevó a hacer al menos tres viajes en un lapso de diez horas para ver al doctor Robert Thompson, el médico que se encontraba en la estación destinado a los servicios de salud de la base.
Tras cada viaje, su comportamiento fue tornándose cada vez más ansioso y errático, con la respiración agitada y manifestando un fuerte dolor. Más tarde, tras sufrir un paro cardíaco y recibir las maniobras de resucitación por parte del Dr. Thompson, Rodney Marks fallece el 12 de mayo del mismo año, luego de 36 horas desde la primera manifestación de sus síntomas (Mervis, 2009: 32).
Su deceso fue declarado como producto de causas naturales desconocidas. Aun así, dicho diagnóstico carecía del procedimiento tanatológico respectivo, lo que se explica por las condiciones climáticas propias de la Antártica, pues comenzaba el invierno austral, con temperaturas que bordean los -60°C y una oscuridad total que se extendería por los próximos 5 meses.
A lo anterior se suma la falta de instalaciones e instrumentos necesarios para llevar a cabo una autopsia, por lo que la única opción viable era trasladar el cuerpo al hospital más cercano. Sin embargo, debido a la época del año no era posible que alguna aeronave arribara a la base, por esta razón se decidió resguardar el cuerpo del científico en un almacén refrigerado, dentro de las instalaciones de la misma base, a la espera de que las condiciones climáticas mejoraran (Serena, 2017).
De este modo, luego meses de espera, el 30 de octubre el cuerpo del científico fue trasladado hasta la ciudad de Christchurch en Nueva Zelanda, donde se realizó el procedimiento médico respectivo, a cargo del patólogo forense Martin Sage, quien concluyó que la muerte de Marks se debió a un envenenamiento agudo por metanol, una sustancia líquida e incolora que se encontraba en abundancia en las instalaciones donde trabajaba, cuyo uso era destinado a la limpieza de los instrumentos científicos (Mervis, 2009: 32).
Alrededor de 150 mililitros de metanol fueron encontrados en la autopsia. Dicha sustancia, una vez incorporada en el cuerpo, se transformó en ácido fórmico, lo que le produjo una acidosis aguda que desencadenó en la serie de síntomas padecidos por el científico. Lo anterior, según el diagnóstico del forense, quiere decir que la ingesta del compuesto no era coincidente con la declaración de muerte, y que, en razón de la cantidad hallada, la ingesta tuvo que haberse producido a lo menos uno o dos días antes de su fallecimiento.
Muchas interrogantes surgieron al respecto. Tras la realización de la autopsia, las primeras diligencias investigativas fueron llevadas a cabo por el coroner o juez de instrucción[1] Richard McElrea y el Detective Senior Sergeant Grant Wormald, las que se prolongaron en el tiempo, tomando años para ser completadas (Debczak, 2019).
Frente a los hechos se esbozaron cuatro teorías para explicar la muerte: uno, que Marks haya bebido accidentalmente la sustancia; dos, que la haya bebido conscientemente de forma recreacional; tres, que haya cometido suicidio; o finalmente, que una tercera persona haya intervenido vertiendo el metanol en alguna bebida que posteriormente haya ingerido (Debczak, 2019).
Por su parte, la segunda teoría correspondiente a la del suicidio fue catalogada como la menos probable por el detective Wormald en el año 2006 (Serena, 2017). A su juicio, la personalidad de Marks y las circunstancias que envolvieron su muerte no permitían concluir que tuviese razones para querer terminar con su vida. A esto le sumaba la exitosa y prometedora carrera que tenía por delante, rodeado de amigos y que justamente hace poco tiempo se había comprometido con su novia para contraer matrimonio. Misma apreciación expresaron sus colegas de la base a través de declaraciones emitidas con posterioridad al incidente.
Por otro lado, la tesis del consumo recreacional de metanol se construyó sobre la base de las entrevistas realizadas a los otros operadores y científicos del complejo. Según ellos, Marks era reconocido como un bebedor habitual de alcohol, sin ser necesariamente alcohólico. Se creía que su consumo se manifestaba como una vía para hacer frente al síndrome de Tourette que padecía. Sin embargo, esta tesis fue descartada por Wormald tras considerar, en base a la evidencia, que Marks tenía los conocimientos suficientes como para prever las consecuencias del consumo de dicha sustancia, así como también el amplio acceso a licores dentro de la misma base, por lo que, a juicio del detective, no permitirían sustentar dicha teoría (Debczak, 2019).
Quedaron entonces dos principales hipótesis, ambas con implicaciones muy distintas. Así, la explicación que más cobraba fuerza era la del consumo accidental del metanol, cuyas circunstancias en que este se llevó a cabo, ya sea por descuido propio de Marks o bien por la acción negligente de un tercero, continuaron siendo un misterio sin resolver.
No fue sino ocho años luego del fallecimiento de Rodney, que hubo una declaración oficial por parte de alguna autoridad respecto al caso. Así, en septiembre de 2008, el coroner Richard McElrea entregó un informe de 50 páginas en las que recababa todas las evidencias que pudo obtener durante ese período. En dicho informe consignó oficialmente que la causa de muerte fue debido a un envenenamiento agudo por metanol, y que las circunstancias de la ingesta eran desconocidas (Mervis, 2009:32). En pocas palabras, tras años de investigación se obtuvieron las mismas conclusiones iniciales a partir de la autopsia realizada meses después del deceso, quedando más dudas que respuestas.
Sin embargo, el coroner fue tajante y especialmente agudo para criticar en su informe final ciertos aspectos que se presentaron durante el proceso investigativo y que a larga determinaron el fracaso del mismo.
Son dos los principales y más polémicos. En primer lugar, a juicio del coroner, el factor de aislamiento impidió conducir la investigación correctamente. Los 5000 kilómetros de distancia y pocas evidencias de primera fuente a las que acceder, sumado a la falta de medidas inmediatas, tales como preservar en su integridad el sitio del suceso y fotografiar la escena, así como obtener declaraciones pertinentes del personal fueron elementos que dificultaron un mayor avance. En el mismo sentido, también mencionó el largo tiempo transcurrido entre el deceso y la autopsia.
Más interesante aún, McElrea acusó que hubo verdaderos obstáculos por parte del gobierno de Estados Unidos, desde el punto de vista diplomático, jurisdiccional y legal, que significaron que la investigación se haya visto retrasada. A lo anterior se suman las declaraciones de Paul Marks, padre de Rodney, quien al ser consultado sobre el tema por la revista Science, manifestó tener la convicción de que el gobierno de Estados Unidos le había asignado una baja prioridad al caso de su hijo, acusando una baja cooperación del principal organismo estadounidense antártico, la National Science Foundation (NSF), concluyendo que la situación no se hubiese desarrollado de la misma forma si es que Rodney hubiera tenido la ciudadanía estadounidense y no australiana (Mervis, 2009:33).
Para Richard McElrea, la policía de Nueva Zelanda pudo estar a cargo efectivamente de la investigación del caso tan pronto como se lo permitieron los obstáculos diplomáticos, legales y jurisdiccionales que se presentaron a lo largo de esos años (Booker, 2008). Entre los hechos que destaca, menciona la inadvertencia de la NSF ante sus constantes solicitudes de acceso a archivos y documentación general, siendo una de ellos el informe que realizaron unos médicos sobre el reporte del doctor que atendió a Marks aquél día, reporte al que finalmente McElrea pudo acceder por otras vías.
Particularmente, se refirió a los tres años que le tomó obtener información de los colegas de Marks por intermedio de la NSF, que accedió a distribuir un cuestionario de carácter voluntario previa examinación de su contenido para “asegurar la apropiada discreción al ser realizada”, encuesta que finalmente fue contestada sólo por 13 de los 49 compañeros de trabajo de Rodney (Mervis, 2009:35). No sólo obstaculizó en la entrega de los cuestionarios, sino que desde un inicio se rehusó a entregar la lista completa de los miembros del personal que pasó dicho invierno en la estación, información a la pudieron acceder mediante una búsqueda vía internet de cada una de las personas. (Chatham 2010: 333).
Así, quedó claro para McElrea que la muerte de Rodney Marks resaltó un vacío investigativo y jurisdiccional para las muertes en la Antártica bajo ciertas circunstancias, y por lo mismo, aconsejó formalmente al gobierno de Nueva Zelanda que, en su calidad de signatario el Tratado Antártico, considerara adoptar los medios apropiados para garantizar la investigación completa, abierta y responsable de las muertes que ocurren en tal continente y tomar medidas para promover tales resultados (Scott, 25-26:2009).
En este sentido, el fallecimiento de Marks es uno de esos casos ante a los cuales el espíritu y letra del Tratado Antártico no pueden hacer frente tal y como un jurista deseara, y esto es debido a que los mecanismos jurídicos contemplados en los instrumentos del Sistema del Tratado Antártico (STA), que fueron en buena medida redactados bajo las necesidades propias de su época, cuestión que queda en evidencia sus carencias tras solo examinar los hechos del caso.
En la próxima parte de este artículo, analizaremos cómo el tratamiento de la soberanía y jurisdicción en el STA afecta la investigación de este delito en particular, y en definitiva, las repercusiones más complejas del mecanismo de solución elegido en la época de la firma del Tratado Antártico que optó por la mantención del statu quo.
Bibliografía
BOOKER, Jarrod. (2008). “NZ probe into death hits icy wall”, en The New Zealand Herald, 24 de septiembre del 2008, disponible en https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10534046
CHATHAM F., Todd. (2010). “Criminal jurisdiction in Antarctica: A proposal for dealing with jurisdictional uncertainty and lack of effective enforcement”. Emory International Law Review, 24 (1): 331-356.
DEBCZAK, Michele (2019). “Death at the South Pole: The Mystery of Antarctica’s Unsolved Poisoning Case”, en Mentalfloss, 25 de junio de 2019, disponible en https://www.mentalfloss.com/article/579732/mysterious-death-rodney-marks-scientist-who-was-poisoned-antarctica
MERVIS, Jeffrey. (2009). “A Death in Antarctica”. Revista Science, New Series, 323 (5910): 32-35. [en línea] Disponible en: http://www.jstor.org/stable/20177098
SCOTT, Karen N. (2009) “Managing Sovereignty and Jurisdictional Disputes in the Antarctic: The Next Fifty Years”, Yearbook of International Environmental Law, 20(1): 3–40.Disponible en: https://academic.oup.com/yielaw/article/20/1/3/1661251
SERENA, Katie. (2017). “The Mystery Of The South Pole’s Only Murder”, en ATI, 18 de diciembre de 2017, disponible en https://allthatsinteresting.com/rodney-marks
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (2000). Antarctic Researcher Dies. Disponible en: https://www.nsf.gov/od/lpa/news/press/00/pr0032.htm
[1] La figura del coroner es propia de los países de la Commonwealth. Bajo los conceptos del derecho nacional, las labores que cumple el coroner se asemejan a las realizadas por el Servicio Médico Legal en Chile. Sin perjuicio de aquello, los coroners en Nueva Zelanda son abogados designados como funcionarios judiciales para investigar muertes inesperadas, violentas o sospechosas. De este modo, están facultados para ejercer tanto funciones investigativas como resolutivas. Más información disponible en https://coronialservices.justice.govt.nz/about/.
